Un celebre informe
El 30 de septiembre de 1869 es nuevamente nombrado por el Ejecutivo Federal el señor Matías Romero para que se hiciese cargo de la Secretaría de Hacienda, y el 16 de septiembre de 1870, el señor Matías Romero presentaría un célebre Informe en el que clamaría por llevar a cabo un conjunto de radicales cambios que, en su opinión, urgían para bien del sistema fiscal y de la República.
En aquel memorable escrito, entre otras cosas, apuntaba: Los trastornos constantes que han tenido lugar en México casi desde la consumación de la Independencia, y las graves dificultades que ellos han ocasionado, han sido el obstáculo principal con que se ha tropezado para introducir en el sistema fiscal de la Nación, las reformas que han indicado como indispensables la ciencia económica y los intereses más atendibles de la Nación. La República conserva, con muy pocas variaciones, el mismo sistema fiscal establecido por el gobierno español para su colonia, que en muchos casos pugna con los más triviales principios económicos, y las únicas reformas que se han conquistado desde la Independencia, casi se reducen a la abolición de los monopolios del tabaco, nieve, pólvora, etc. Ni este principio ha recibido todo el desarrollo que se le ha querido dar al consignarlo en el texto de la Constitución, supuesto que, como se manifestó hace poco, contra el tenor de aquel Código, subsisten aún algunos monopolios, como el que se refiere al apartado de metales preciosos.
Si por una parte es indispensable la reforma radical en la legislación fiscal de México, debe por otra tenerse presente que esta reforma sería funestísima a la Nación, si se tratase de llevarla a cabo de una manera precipitada e imprudente. En ningún otro ramo es más necesario que en el de Hacienda, seguir el sistema de edificar antes de destruir. Los impuestos establecidos, por absurdos y antieconómicos que sean, son siempre mejor aceptados y producen rendimientos más cuantiosos que los que se establecen de nuevo, por moderados que sean, y por muchas ventajas económicas que tengan sobre los ya establecidos. Nada es más fácil que destruir, y en el terreno de Hacienda mucho más que en otros, pero nada también es más difícil que crear lo que deba sustituir a lo que se destruye. Con una sola plumada, con una sola ley, de un sólo artículo, se pueden destruir todos los impuestos que forman actualmente las rentas federales, pero esto traería consigo la ruina completa de la República, y como resultado final, acaso hasta la pérdida de la nacionalidad, porque de seguro, no se podrían sustituir en varios años los impuestos existentes, y entretanto, la bancarrota del erario sería completa, la impotencia de la administración absoluta, la desorganización cundiría por todas partes, y la disolución social vendría a coronar esta obra de ruina y destrucción. Es infinitamente preferible el actual sistema vicioso y antieconómico de impuestos que rigen en la Nación, con todos sus inconvenientes, que el más perfecto que pudiera imaginarse, si se trata de hacer el cambio de una manera súbita y poco meditada.
El considerar por lo mismo, los cambios que exige la legislación fiscal de la República, debe tenerse presente, que en concepto del Ejecutivo, este cambio, si llegare a adoptarse, debería hacerse con gran prudencia y meditación, dejando al transcurso del tiempo el cuidado de desarrollarlo convenientemente, y siguiendo ante todo, el sistema de crear antes de destruir.
Terminado su periodo presidencial, el licenciado Benito Juárez fue reelecto por un nuevo periodo, presidente de la República, debiendo de enfrentar una situación de inconformidad ante su reelección por parte de Generales y políticos connotados, quienes aseguraban que el proceso de reelección del licenciado Benito Juárez habíase realizado bajo un proceso electoral viciado de una serie de irregularidades que hacían sospechar la ilegalidad del mismo.
Una manifestación de aquel descontento se dio con la promulgación del llamado Plan de la Noria signado por el General Porfirio Díaz. La sublevación fue sometida militarmente, pero sirvió como un termómetro que media el descontento político que reinaba en la República.
Y así, en el Informe que al respecto rindió, entre otras cosas, dijo: Entiendo que gran parte de la oposición que ha encontrado al Timbre, depende de creerse, que tal como se ha establecido en la República, es igual al uso que de él se hace en Europa y en los Estados Unidos… La palabra Timbre propiamente hablando es una marca o sello cuya forma y dibujo determina la ley El derecho del Timbre, hoy enteramente fiscal, porque el sello puesto en el papel no añade ningún valor, ninguna garantía, a lo que en él esté escrito.
